Libertad Lingüística

Nuestros amigos de Convivencia Cívica Catalana nos remiten el siguiente mensaje:

 En los últimos días se ha hablado mucho de la resolución de 14 de marzo de la Consejera de Enseñanza, Irene Rigau, que considera ajustado a la legalidad el reparto equilibrado de las horas lectivas en catalán y castellano (9.5 horas en cada idioma) en un colegio de Barcelona.

 Convivencia Cívica Catalana valora esta resolución como un hito importante:

 

Estimados socios y amigos de la MLL:

 Acudimos a ustedes en petición de ayuda económica urgente por el siguiente motivo.

 Durante la vigencia del decreto 124/2007 que prohibió a los niños expresarse en español en la práctica totalidad del horario escolar, esta asociación apoyó a varias familias agredidas por aquella política, asumiendo la dirección jurídica de recursos contenciosos, y también las costas procesales. La resistencia cívica era demasiado preciosa y escasa para penalizarla.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que había estimado el recurso de los nacionalistas contra el decreto equilingüe, ha desestimado, por el contrario, el interpuesto por nosotros junto con AGLI,  como cabía esperar, dados los antecedentes.

En este enlace, la sentencia.

Impugnábamos las partes del decreto contrarias a la ley, es decir, fundábamos el recurso en el principio de jerarquía normativa, comprobando una vez más que ya no rige para los magistrados contaminados por la ideología linguocrática.

Seguidamente publicamos la demanda y las conclusiones de esta parte.

I - Demanda de las asociaciones MLL y AGLI contra el decreto 79/10 por el que la Junta de Galicia estableció el reglamento lingüístico para la enseñanza  infantil y la enseñanza obligatoria en sus centros y también en los concertados y en los privados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 PRIMERO.- El citado reglamento se presenta como ejecutivo del título III de la ley regional 3/1983 de normalización lingüística -De la utilización del gallego en la enseñanza- que establece:

 Artículo 13

1. Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua materna.

2. El Gobierno gallego arbitrará las medidas necesarias para hacer efectivo este derecho.

Sin embargo, y en contradicción con el mandato y habilitación legal, a la hora de regular ese derecho a recibir la primera enseñanza en la lengua materna, el reglamento establece:

Artículo 5º.-Educación infantil.

1. En la etapa de educación infantil, el profesorado usará en el aula la lengua materna predominante entre el alumnado, si bien deberá tener en cuenta la lengua del entorno ...

Artículo 6º.-Educación primaria. ...

3. Se impartirá en gallego la asignatura de Conocimiento del medio natural, social y cultural, y en castellano la asignatura de Matemáticas.

4. Cada centro educativo, según el procedimiento establecido en el reglamento de centros, decidirá la lengua en que se impartirá el resto de asignaturas de cada curso

El reglamento infringe la ley en dos aspectos:

1. limita la extensión legal del derecho: la ley lo refiere a la primera enseñanza, es decir, a toda la primera enseñanza; el reglamento lo restringe a la etapa de infantil

2. sustituye el mandato legal de enseñanza en lengua materna por el de lengua materna predominante concepto esencialmente distinto:

   • la lengua materna es un atributo personal

   • la lengua materna predominante es el resultado de un cómputo colectivo o estadístico.

      

SEGUNDO.- La reducción reglamentaria de la enseñanza en lengua materna a sólo la etapa de infantil contraviene la Ley de Normalización Lingüística (LNL).

El concepto de primera enseñanza, a estos efectos, no se limita a la educación infantil, de 0 a 5 años -antes pre-escolar-, no obligatoria, sino que comprende especialmente, al menos el primer ciclo de la enseñanza primaria, de 6 a 7 años, primera etapa de la educación obligatoria.

Ocupándose de idéntica cuestión el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el concepto de primera enseñanza en la STS de 17 de abril de 1996 ( RJ 1996, 4627), F. 18, y el TSJ de Cataluña extrae las consecuencias en la sentencia núm. 1062/2004 de 14 septiembre. RJCA 2004\972:

SEXTO

El concepto primera enseñanza del artículo 21.2 de la Ley 1/1998 (RCL 1998, 363 y LCAT 1998, 13), de Política Lingüística (que reproduce el contenido del artículo 14.2 de la Ley 7/1983 [RCL 1983, 970, 1179 y LCAT 1983, 634]), entendido como concepto pedagógico, no puede interpretarse como equivalente a la educación infantil y primaria de la LOGSE (RCL 1990, 2045), vigente desde 1990, sino que debe entenderse en la extensión sentada por la jurisprudencia, con fundamento en los límites establecidos por la STS, de 17 de abril de 1996 (RJ 1996, 4627), F. 18, al contemplar, en parte bastante, que:

«En síntesis la tesis del Ministerio Fiscal traza una relación de correspondencia entre el concepto de "primera enseñanza" del art. 14.2 de la Ley Catalana 7/1983 (RCL 1983, 970, 1179 y LCAT 1983, 634), y el de los estudios de EGB, del RD 69/1980 y de "enseñanza primaria" de la LOGSE (RCL 1990, 2045), entendiendo, sobre la base de esa equivalencia, que toda la "enseñanza primaria", debe incluirse en el art. 14,2 de la Ley 7/1983, y que toda la argumentación de la sentencia recurrida, referida a la enseñanza hasta los 7 años, es válida también para cubrir con idéntica posibilidad de opción lingüística toda la enseñanza primaria, sin el límite de los siete años, que, en tesis del Fiscal, no se encuentra en la Ley 7/1983, sino en el art. 7.1 del Decreto Autonómico 362/1983, de 30 agosto (LCAT 1983, 1334), sobre aplicación de la Ley 7/1983 ("los niños tendrán derecho a recibir la enseñanza correspondiente al ciclo inicial de EGB y, dado el caso, el período preescolar, en su lengua habitual hasta el momento de iniciar dichos estudios")», y concluir al efecto que:

«Es claro que los "estudios básicos" equivalen en su conjunto a los que el Ministerio Fiscal considera como enseñanza primaria; por lo que no cabe aceptar la tesis de éste de que el Tribunal Constitucional sólo se haya referido a la "primera enseñanza" sin definir su alcance. Por el contrario, y aunque esa definición directa no se encuentra, sí puede considerarse implícita, desde el momento que, al legitimar un sistema de estudios básicos, en el cual se incluye una etapa de necesaria enseñanza bilingüe, está partiendo de una diferenciación de dos etapas dentro de esos estudios, una de las cuales es de bilingüismo, lo que se considera constitucionalmente correcto. La definición de dos etapas en los "estudios básicos", está, pues, implícita en la Sentencia del Tribunal Constitucional contra lo que dice el Ministerio Fiscal.

De aceptar la tesis de éste, de que toda la EGB, "educación primaria" o "estudios básicos", según las diferentes terminologías, están comprendidos en el concepto de "primera enseñanza" del art. 14.2 de la Ley 7/1983, no tendrían referente identificable las argumentaciones del Tribunal Constitucional en los fundamentos aludidos.

Y la segunda, que el concepto de "primera enseñanza" del art. 14.2 de la Ley 7/1983, no tiene por qué corresponder con los conceptos aportados por el Ministerio Fiscal, que no son literalmente equivalentes:

No se puede dar a un concepto de un texto normativo autonómico un sentido fijado por otros conceptos no literal y lógicamente equivalentes de un texto normativo estatal, de ordenación general de la enseñanza, en el que no opera como clave ordenadora la que lo es del texto autonómico.

El concepto de "primera enseñanza" en el marco de la Ley 7/1983 no puede extraerse de su contexto. Y en el marco autonómico de competencia plena de la Comunidad Autónoma para la regulación de la enseñanza, el D. 362/1983 (LCAT 1983, 1334), que es el que marca la distinción de edades, que el Ministerio Fiscal critica, es una norma de perfecta armonía obra la Ley Autonómica que, por tanto, no puede dejar de aplicar».

En conclusión, en atención a lo expuesto procede entender el concepto primera enseñanza del artículo 21.2 de la Ley 1/1998 (RCL 1998, 363 y LCAT 1998, 13), de Política Lingüística, en la extensión alegada por la Administración demandada en el escrito de contestación a la demanda al explicitar que

[traducimos y subrayamos:] «La concreción efectuada por el decreto 362/1983 del concepto “primera enseñanza” referida al ciclo inicial de EGB y el período preescolar es equivalente, haciendo una traslación a la nueva ordenación del sistema educativo, a la educación infantil y al primer ciclo de Educación primaria»

 

El reglamento del plurilingüismo no se limita a los centros de enseñanza de los que es titular quien ejerce la potestad reglamentaria, sino que impone a todos los centros, públicos o privados el mismo menú lingüístico, imposibilitando una oferta educativa respetuosa con el derecho a la enseñanza en lengua materna en todo el territorio de la comunidad autónoma. Establece, de hecho y de derecho, un monopolio de oferta.

Por ello debería ser especialmente respetuoso con el derecho legalmente reconocido a la enseñanza en lengua materna, que, dada la absoluta nacionalización de la enseñanza -al margen de la apariencia de centros de titularidad no pública- no es un derecho de los padres a procurársela a sus hijos, al menos en la edad de escolarización forzosa, sino un derecho de configuración prestacional, es decir, que comporta una obligación para quien ejerce el monopolio de oferta. La LNL dice que

Artículo 13 . 1. ... 2. El Gobierno gallego arbitrará las medidas necesarias para hacer efectivo este derecho.

Contraviniendo la ley, el reglamento no es una medida necesaria para hacer efectivo ese derecho, sino una medida para impedirlo a todos los niños durante una parte sustancial de la primera enseñanza, que es el ciclo inicial de primaria, de los seis a los siete años sin que sus padres puedan procurárselo por otro medio, toda vez que:

• esa etapa coincide con el comienzo de la escolarización obligatoria [no pueden tenerles en casa para educarles ellos como crean conveniente, como sí pueden hacer en el ciclo de educación infantil]

• prohíbe una oferta educativa -privada- respetuosa de ese derecho, ya que para toda la etapa de primaria establece un menú bilingüe forzoso e indisponible, mientras que los niños, de modo natural, sólo tienen una lengua materna -hecho en que se funda la prescripción legal vulnerada-

TERCERO.- lengua materna predominante no equivale a lengua materna

En las alegaciones presentadas por la asociación Mesa por la Libertad Lingüística, primero a las bases del decreto de plurilingüismo, y después al proyecto, en el trámite de información pública abierto en el procedimiento para su elaboración -impecable, a diferencia de lo hecho en el 124/2007- se decía lo siguiente:

El concepto de “lengua materna predominante” es fraudulento fuera de un contexto y utilidad meramente estadísticos. Es decir: no se puede satisfacer el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua [13.1 LNL] sustituyendo reglamentariamente el mandato legal de lengua materna por el concepto, bien distinto, de lengua materna predominante.

• La conciliación de ese derecho con el principio de organización -nótese la diferencia entre derecho y principio de organización, su distinta jerarquía lógica e incluso sistemática en el orden de la Ley- que propugna la no separación de los niños por razón de lengua, no puede resolverse con el truco (barato, nunca mejor dicho) de la lengua materna mayoritaria o predominante. Es obvio, pero aún pondremos un ejemplo: supongamos que en un hospital no hay sangre de todos los tipos y la dirección dicta una norma tan sabia y humanitaria como que las transfusiones se harán ... empleando el tipo predominante, que es del que hay más stock. Con este ejemplo absurdo queremos subrayar el carácter individual de la lengua como característica personal. Negarlo, relativizarlo, implicaría suprimir el fundamento de la revolución lingüística que consistió, precisamente, en otorgar cooficialidad a lenguas no predominantes -en el territorio constitucional- precisamente porque se consideró que no se podía imponer la lengua predominante a las minorías. [Ni, por tanto] ...sustituir una lengua predominante en el ámbito nacional, por otra predominante en un ámbito menor, regional o, como en este caso, en un aula de primera enseñanza en que la Ley previene, de manera expresa, inequívoca e insusceptible de cualquier interpretación restrictiva que no sea fraudulenta, que los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua materna

-¿Que hemos de garantizar ese derecho sin separarlos en aulas distintas -más que nada por razones financieras y sociales muy dignas de tener en cuenta-?

-Bien. Pero entonces, la solución es la atención individualizada: el derecho a la enseñanza en la lengua materna no implica ese inexistente “dereito a vivir en galego”, ni su simétrico “derecho a vivir en castellano”. En el aula estarán presentes las dos lenguas mediante la atención individualizada a los niños, sin imposición de la mayoritaria y consiguiente exclusión de la minoritaria. ...

Esa alegación de la recurrente no fue tenida en cuenta, resultando el reglamento en ese punto contrario a la LNL.

 

CUARTO.- Introducción reglamentaria de elementos perturbadores del derecho legal a la primera enseñanza en la lengua materna.

El reglamento plurilingüe condiciona el derecho a la enseñanza en lengua materna, además de al hecho, ya criticado, de si coincide o no con la de la mayoría de los niños del aula, a una misteriosa y tenebrosa “lingua do contorno”, cuando dice “... si bien ['el profesorado' -se refiere a los profesores-] deberá tener en cuenta la lengua del entorno...”

Por si fuera poco difícil satisfacer el derecho a la enseñanza en lengua materna con la restricción de no separar a los niños en aulas lingüísticamente homogéneas, aún se impone a los profesores otra limitación, de índole mítico-mágica, telúrica, jurídicamente inaprehensible, es decir, insegura o puramente retórica: la lengua del entorno. Una limitación de naturaleza ideológica que hubiera podido amontonarse junto con otras ocurrencias en el preámbulo, pero no debe limitar un derecho ya suficientemente dificultado por la circunstancia del bilingüismo social asumido en aulas de composición bilingüe durante toda la primera enseñanza, como en el resto de ella.

En las alegaciones al proyecto de reglamento decía la recurrente [MLL]:

-terá en conta a lingua do contorno- Pedimos la supresión de esta concesión al ecolingüismo.
No servirá para calmar a los fanáticos, que parece ser su única justificación.
Los entornos no tienen lenguas ni derechos. Cada niño proviene de su entorno, que puede ser o no el del centro educativo. Hay tantos “contornos” como niños. La ubicación del centro respecto de cada uno de ellos es diferente, y los profesores no están para juegos malabares: con atender a cada niño y procurar que aprenda las dos lenguas oficiales –y las demás materias, que parecen no existir desde la monomanía linguocrática- ya es suficiente . ....

El ecolingüismo es una mezcolanza especialmente necia de panteísmo e indigenismo según la que cada lugar está regido por una lengua trascendente -no la de los individuos reales que lo habitan o transitan, sino la de los espíritus de la tribu originaria perceptibles en el paisaje inmutable sólo para los fieles que no la han traicionado-. Esa lingua sacra, lengua-del-lugar, se pretende imponer como una obligación, o, al menos, en este caso, como una limitación reglamentaria, es decir, jurídica- de alcance impreciso sobre un derecho establecido en una ley formal, abusando de la potestad reglamentaria para dar satisfacción, a costa de los niños, a obscuras obsesiones ideológicas. Es absurdo, pero no indiferente, porque perturba la configuración legal de un derecho que constituye una obligación para quien reglamenta su prestación sin posibilidad alguna de obtenerla al margen de ella: derecho a la enseñanza en lengua materna sin separación en aulas por razón de lengua. Ahí no pinta nada (bueno) la “lengua del entorno”. El derecho a una prestación es también un derecho a la racionalidad en la misma.

 

QUINTO.- Exención (art. 18 del decreto 79/2010)

1º.- sobre su extensión subjetiva

o sobre el ámbito de posibles destinatarios de la norma.

La ley establece en su art. 14.2 que El gobierno gallego regulará las circunstancias excepcionales en que un alumno puede ser dispensado del estudio obligatorio de la lengua gallega. Ningún alumno podrá ser dispensado de esta obligación si hubiese cursado sin interrupción sus estudios en Galicia.

Todos los desarrollos reglamentarios de ese precepto han consistido en una sistemática reducción de la exención del estudio, primero a exención de las pruebas, luego a exención de la calificación de las pruebas, hasta su práctica eliminación en el decreto 124/2007

El decreto 79/2010, objeto de este recurso, devuelve ese derecho en su versión reducida -exención de la calificación de las pruebas- a los alumnos de 5º y 6º de primaria y a los de 1º, 2º y 3º de ESO, aunque la regulación anterior al 124/07 no se lo impedía a los restantes alumnos de primaria.

La Ley no establece restricción alguna por razón de la edad.

Aunque el decreto 79/2010 opera un restablecimiento enorme de ese derecho en comparación con su práctica supresión en el decreto 124/2007, ni lo restablece al nivel de la reglamentación anterior a éste, ni en consonancia con la Ley, que es lo que aquí importa.

La elasticidad del poder reglamentario al tratar esta cuestión no tiene amparo en la sencilla fórmula legal, ni la circunstancias excepcionales -sin más excepción que haber cursado sin interrupción sus estudios en Galicia- amparan semejante abanico:

- Hasta el decreto 124/2007 tenían derecho a la exención todos los alumnos, sin discriminación por razón de edad [e incluso los sordomudos o los afectados por alguna minusvalía cuya “lengua de implantación” fuese el castellano].

- Este decreto excluyó a todos los alumnos excepto a los de 4º de ESO y bachillerato.

- El decreto 79/2010, objeto de este recurso lo restablece a partir de 5º de primaria, pero mantiene la supresión para todos los demás alumnos de primaria, desde 1º a 4º (niños procedentes de fuera del territorio lingüístico especial, de los seis a los once años)

Puesto que la ley sólo establece una limitación taxativa a la exención “haber cursado sin interrupción sus estudios en Galicia” el reglamento no puede introducir otras, pues una cosa son las circunstancias excepcionales en que, de acuerdo con la ley, habrá de reglamentarse ese derecho, y otra distinta es limitar su extensión de un modo arbitrario, insusceptible de fundamentación alguna, como no fuere, en el caso del decreto 124/07, la mera fotocopia del régimen catalán, y en el caso del que se impugna, un intento de equilibrio entre la supresión casi total y el reconocimiento conforme a la ley.

 

2º.- sobre la sanción ilegal de pérdida de la exención

El precepto reglamentario, siguiendo cierta tradición, establece una sanción al margen del principio de legalidad, y también al margen de toda racionalidad jurídica:

3. El alumnado tendrá que asistir a las clases como medio de integración lingüística y con la finalidad de que con su esfuerzo personal, con materiales didácticos específicos y con una ayuda continua de su profesorado pueda tener, al final del plazo de la exención, un dominio adecuado de la lengua gallega y seguir las enseñanzas propias del nivel en que esté o vaya a matricularse en igualdad de condiciones que los demás compañeros/as de clase.

4. El incumplimiento por parte del alumno de lo establecido en el punto anterior determinará, tras los informes pertinentes y oído el interesado y, en su caso, padres, madres, tutores/as o representantes legales del alumno/la, la revocación de la exención.

El alumno tendrá que asistir a todas las clases del currículo obligatorio, y estará sujeto al régimen disciplinario general para todos los alumnos, de modo que su ausencia injustificada a las clases de lengua gallega comporte la sanción que corresponda, como la ausencia injustificada a cualesquiera otras asignaturas, sin que sea lícito establecer un régimen disciplinario especial, y especialmente vengativo, que suprime un derecho en virtud de una conducta que no afecta al fundamento objetivo, previo, de su reconocimiento legal -haber cursado los estudios anteriores fuera de la comunidad autónoma- que no tiene amparo en la ley e incumple el principio de legalidad de las faltas y sanciones. Crea un tipo y una sanción especiales para una categoría de alumnos en función de su procedencia.

 

SUPLICO A LA SALA que, teniendo por presentado este escrito, lo admita y tenga por interpuesto el recurso y formalizada la demanda, y, previos los trámites preceptivos, estime las siguientes pretensiones:

 PRIMERA.- Que declare no ser conforme a Derecho y, por consiguiente, se anule el art. 5º.1 del decreto 79/2010 que dice que En la etapa de educación infantil, el profesorado usará en el aula la lengua materna predominante entre el alumnado, si bien deberá tener en cuenta la lengua del entorno ... y se sustituya por otro que se limite a reiterar, o que, si lo desarrolla, respete el mandato legal: Artículo 13.- 1. Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua materna. Es decir: que se supriman las restricciones a la enseñanza en lengua materna provenientes de su conversión reglamentaria en “lengua materna predominante”, así como la de “tener en cuenta la lengua del entorno”

SEGUNDA.- Por el mismo motivo, que declare no ser conforme a Derecho y, por consiguiente, se anule, en cuanto se refiere a la primera etapa del ciclo -de los seis a los siete años-, el art. 6º del decreto 79/2010 que dice: Educación primaria. ... 3.- Se impartirá en gallego la asignatura de Conocimiento del medio natural, social y cultural, y en castellano la asignatura de Matemáticas. 4. Cada centro educativo, según el procedimiento establecido en el reglamento de centros, decidirá la lengua en que se impartirá el resto de asignaturas de cada curso. Deberá sustituirse por el mismo régimen lingüístico previsto en la Ley durante la primera enseñanza, es decir, el mismo que para infantil, una vez depurado éste de las limitaciones “predominante” y “lengua del entorno”

 TERCERA.-

 1º.- Que imponga a la demandada el reconocimiento del derecho a la exención de la calificación de las pruebas de la asignatura de lengua gallega a todos los alumnos de enseñanza obligatoria procedentes de fuera de la comunidad autónoma que el art. 18 del decreto limita a partir de 5º de primaria;

 2º.- Que declare no ser conforme a Derecho y, por consiguiente, anule el apartado 2º del art. 18: la sanción ilegal de pérdida de la exención por una conducta que nada tiene que ver con el fundamento legal objetivo de su reconocimiento -la procedencia del alumno- y que debe tener la misma sanción que cualquier otra falta de asistencia.

 La Coruña, 23 de julio de 2010.

 

 

La sentencia de 21 de noviembre de 2012 por la que el Tribunal Superior de Justicia en Galicia estima la demanda del sindicato nacionalista CIG contra todos los niños escolarizados en el territorio en el que mandan esos señoeres.

Es que la Junta de Galicia en su decreto 79/2010 había confundido libertad con libertinaje, y eso no puede ser. El sindicato, con la inestimable ayuda del tribunal, han devuelto las aguas a su cauce, las ovejas al redil de la normalización.

Por ejemplo, donde el decreto decía

12.3. En todas las áreas, asignaturas o módulos, excepto en las señaladas en el párrafo anterior y en las asignaturas de lengua(s) extranjera(s), el alumnado podrá utilizar en las manifestaciones oral y escrita la lengua oficial de su preferencia. No obstante lo anterior, se procurará que el alumnado utilice la lengua en que se imparte el área, asignatura o módulo.

Ahora tendrá que decir

3. En todas las áreas, asignaturas o módulos el alumnado no podrá utilizar en las manifestaciones oral y escrita la lengua oficial de su preferencia, sino la lengua oficial de preferencia de "la administración".

Sabíamos que había gente capaz de pensar y actuar así en las organizaciones nacionalistas y otros grupos totalitarios. Ahora también sabemos que algunos magistrados están contaminados con esa peste ideológica.