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1. Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. TRES DE A CORUÑA
RECURRENTES.- ... ... ...
REPRESENTANTE.-  ...
DEMANDADA.- CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
REPRESENTANTE.- LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA

En A Coruña, a nueve de octubre de 2009

VISTOS por el Ilustrísimo Señor don JUAN CARLOS FERNÁNDEZ LÓPEZ magistrado-juez del juzgado de lo contencioso administrativo número Tres de A Coruña los autos del recurso ... ... ...  contra la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria sobre exención de la materia de lengua gallega en enseñanza media y básica


ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Los hechos determinantes de la resolución autonómica que aquí se impugna son los que a continuación brevemente se enumeran:
1.- Con fecha 23/01/2088 solicita en modelo oficial don  Maximino ... padre del alumno menor Sergio ... , la exención de la materia de lengua gallega en la enseñanza básica y media para el curso académico 2007-2008; funda su petición en que ha sido destinado como funcionario por tiempo limitado y sin posibilidad alguna de permanencia hasta el 19/07/2010, y acompaña copia de los antecedentes escolares del menor en un centro madrileño.
2.- Analizada esa petición y la documentación adjunta, con fecha 08/02/08 resuelve el Delegado provincial de la Consellería de Educación denegarla con fundamento en que no cumple los requisitos establecidos en la normativa.
3.- Esa resolución se confirma por la que por delegación dicta el 10/11/08 la titular del departamento educativo al resolver el recurso de alzada que se interpuso por el padre del alumno.

SEGUNDO.- Con fecha 20/01/09  la representante de don Maximino y doña Valle interponen recurso contencioso-administrativo frente a la citada resolución de 10/11/08 denegatoria de la exención de la materia de lengua gallega en enseñanza media y básica a favor de su hijo para el curso 2007-2008.
Por otrosí se ha solicitado la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada, que se ha desestimado por auto de 27/06/2009.

TERCERO.- Se ha admitido a trámite el recurso por medio de la providencia de 22/01/09, en la que se ha requerido al departamento autonómico que remita el expediente administrativo , con las demás formalidades procesales.

CUARTO.- Una vez recibido el expediente administrativo y entregado a las partes litigantes han presentado sus escritos de demanda y contestación, a lo que ha seguido la práctica de la prueba documental que ambas han interesado, consistente en el expediente académico del alumno, tras lo cual se han formulado las conclusiones y se ha declarado finalizado el debate procesal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como ha quedado indicado, el presente recurso se interpone por la representación procesal de los padres del alumno menor Sergio ... , que solicitaron, sin éxito, que se eximiera a éste de cursar la materia de lengua gallega en el curso escolar 2007-2008, debido a que el padre, de profesión militar, había sido destinado a una unidad con base en Galicia, que abandonaría el 19/07/10 sin posibilidad de permanencia; la resolución denegatoria, confirmada por la que aquí se impugna, se basó en que no cabía tal exención al estar escolarizado el alumno en el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 124/02007 de 28 de junio por el que se regula el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo.
La demanda pretende que se declare la dispensa del menor del estudio obligatorio de la lengua gallega y su derecho a emplear una u otra lengua oficial o, subsidiariamente, que se declare ese mismo derecho por la condición de menor no integrado lingüísticamente, todo ello con fundamento en que los artículo 13 y 15 de ese reglamento vulneran la Ley de normalización lingüística, que la no exención supone una conducta discriminatoria para los menores que por no haber nacido en Galicia no están integrados lingüísticamente, que la inmersión forzosa e inmediata es aberrante, como también que todos los libros de estudio están en idioma gallego, que se han resuelto otros casos similares en sentido positivo y que ese régimen supone un adoctrinamiento ideológico y que no se consiga una educación de calidad.

A esas pretensiones y motivos se opone el letrado de la Xunta de Galicia, que comienza por plantear la desviación procesal de la demanda al plantear pretensiones no formuladas antes en la vía administrativa, a lo que añade que no existe un derecho a recibir las enseñanzas tan sólo en castellano, como tampoco lo tienen los padres a decidir la lengua de la enseñanza de sus hijos, que lo que se plantea es un recurso directo frente al artículo 15 del decreto 124/2007 que en el caso de que se le eximiera de la lengua gallega ello sólo incidiría en la ausencia de calificación de los exámenes en (sic) esa lengua pero no impediría la asistencia y participación del alumno en las clases, y que numerosos pronunciamientos jurisdiccionales amparan la legalidad de la enseñanza en la lengua cooficial que las administraciones educativas deben proteger y fomentar.

SEGUNDO.- Antes de analizar las cuestiones formales procede examinar si se ha producido algún defecto formal que impida entrar en aquéllas, y en este caso se refiere el defensor autonómico que se ha producido una incongruencia “extra petita”  ya que en la vía administrativa se solicitó la exención de la lengua gallega para el curso 2007-2008 y ahora se combaten los artículos 13 y 15 del referido decreto 124/02007 y, además, se solicita que la exención se arrastre también a los cursos posteriores.
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TERCERO.- Establece el artículo 15 del decreto sobre el uso y promoción del gallego en el sistema educativo que “el alumnado que se incorpore al sistema educativo de Galicia en cuarto curso de educación universitaria (sic) obligatoria o en bachillerato procedente de otras comunidades autónomas o de un país extranjero con lengua oficial castellana, podrá obtener la exención de la calificación de las pruebas de evaluación de materia de lengua gallega durante dos cursos académicos”

La STSJ de Galicia de 21/12/07 a que se refiere el defensor autonómico se ha dictado en el recurso contencioso-administrativo número 00003/2007, tramitado por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales y promovido por la “Asociación Gallega para la Libertad de Idioma” contra el referido decreto 124/2007 sobre el uso y promoción del gallego en el sistema educativo, singularmente sus artículos 2 y 13, aquél referido al uso, con carácter general, de la lengua gallega en la Administración educativa, y el segundo a la elaboración y publicación de materiales curriculares en gallego, asimismo con carácter general.

Aunque esa sentencia no analiza la legalidad ordinaria de ese decreto sino su ajuste a la legalidad constitucional, puede traerse al caso para recordar lo que concluye a propósito del artículo 2, que establece que los centros de enseñanza que dependan de la Administración educativa de Galicia utilizarán, con carácter general, la lengua gallega, y fomentarán su uso oral y escrito, lo que se ha interpretado en la citada sentencia en el sentido de que ni conculca el principio de igualdad que la CE protege, ni vulnera el régimen de cooficialidad derivado de los artículos 3 de la CE 5 de la Ley Orgánica 2/1981 de 6 de abril del Estatuto de Autonomía de Galicia, y 3 y 4 de la Ley 3/1983 de normalización lingüística; y la Sala llega a esa conclusión porque, como ha recordado la STS de 25/10/94, el derecho que consagra el artículo 27 de la CE no incluye como elemento necesario que la educación debe ser impartida en uno u otro idioma, de manera que son instrumento idóneo para ella cualquiera de los dos oficialmente reconocidos, a lo que añade que el uso de la lengua propia de la Comunidad Autónoma como lengua normal de la administración educativa en parámetros constitucionales ya ha recibido la aceptación del Tribunal constitucional en diversos pronunciamientos, de los que es paradigma la sentencia 337/1994, sobre uso de la lengua catalana, que consagra la doctrina de que el uso normal de la lengua propia de la Comunidad Autónoma no vulnera el principio de cooficialidad porque no excluye el uso de la otra lengua oficial, y proclama que “no puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la Comunidad autónoma y lengua cooficial en su territorio, junto al castellano (en igual sentido la STC 137/1986)” puesto que el derecho de todos a la educación se ejerce en  el marco de un sistema educativo en el que los poderes públicos “determinan los currículos de los distintos niveles, etapas, ciclos y grados de enseñanza, las enseñanzas mínimas y las concretas áreas o materias objeto de aprendizaje, organizando asimismo su desarrollo en los distintos centros docentes; por lo que la educación constituye, en términos generales, una actividad reglada” y, así, “el derecho a la educación que la Constitución garantiza no conlleva que la actividad prestacional de los poderes públicos en esta materia pueda estar condicionada por la libre opción de los interesados de la lengua docente, de modo que ”los poderes públicos -el Estado y la Comunidad Autónoma- están facultados para determinar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en una Comunidad Autónoma como lenguas de comunicación en la enseñanza, de conformidad con el reparto competencial en materia de educación”

Y en cuanto a la vulneración del derecho a la educación proclamado en el artículo 27 de la CE, razona esa misma sentencia que la cuestión lingüística en el ámbito educativo (en concreto el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación en la lengua de preferencia de sus progenitores) no es residenciable en el artículo 27 de la CE, como reconoció la STC 195/1989, mientras que el derecho a la libertad de elección en materia de educación no entra en la materia lingüística (STC 88/1983) a lo que añade la STS de 27/03/00 que ninguno de los apartados del artículo 27 de la CE incluye como elemento del derecho constitucionalmente declarado el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación en la lengua de preferencia de sus progenitores en el centro público de su elección, y que ese derecho tampoco resulta de su conjunción con el artículo 14 de la CE “pues la prohibición de trato discriminatorio no implica que la exigencia de igualdad de los españoles ante la ley sólo pueda entenderse satisfecha cuando los alumnos reciban la enseñanza íntegramente en la lengua preferida por sus padres”

A ello se debe añadir el hecho relevante de que la Administración educativa gallega no puede abdicar de la obligación que en el Estatuto de Autonomía se le impone de pretender normalizar el uso del gallego dentro de su esfera de competencias, pues en su artículo 5 define el gallego como lengua propia de Galicia, que los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y que todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos y asimismo establece que los poderes públicos de Galicia potenciarán el empleo del gallego en todos los planos de la vida pública, cultural e informativa, y que dispondrán de los medios necesarios para facilitar su conocimiento, mientras en la LNLG  garantiza la igualdad del gallego y del castellano como lenguas oficiales de Galicia y asegura la normalización del gallego en todos los campos de la sociedad, en tanto que su artículo 14 indica que al final de la enseñanza obligatoria se garantizará la igualdad de competencia lingüística en los dos idiomas oficiales, y a tal fin aprobó por unanimidad el Parlamento de Galicia  en el mes de septiembre de 2004 el Plan General de normalización de la lengua gallega, con especial prioridad de determinados sectores estratégicos, como el de la enseñanza. La referida STSJ de Galicia de 21/11/07 validó los artículos 2 y 13 del citado reglamento sobre el uso y promoción del gallego en el sistema educativo, como ya lo había hecho la STS de 13/07/95 en un caso análogo.

En suma, las SsTC 83/1986, 137/1986, 69/1988, 80/1988, 74/1989 y 337/1994 respaldan la actuación de los poderes públicos competentes para determinar el alcance de la cooficialidad, así como para ejercer “acciones políticas” y “toda la actividad administrativa que crea conveniente en aras de la efectividad de los derechos de los ciudadanos relativos a las lenguas oficiales” entre los que se incluyen las disposiciones de las Comunidades Autónomas encaminadas a promover la normalización lingüística en su territorio”, cuyo objeto general es “asegurar el respeto y fomentar el uso de la lengua propia de la Comunidad Autónoma y cooficial en ésta y, a este fin, corregir situaciones históricas de desigualdad respecto al castellano, permitiendo alcanzar, de forma progresiva y dentro de las exigencias que la Constitución impone, el más amplio conocimiento y utilización de dicha lengua en su territorio.” En el caso singular de la lengua gallega, las SsTC 137/1986 y 337/1994 avalan que pueda ser vehículo de comunicación con carácter general en la enseñanza y centro de gravedad del modelo de bilingüismo, al exigirse en los estudios básicos, no sólo su aprendizaje como materia curricular, sino también su empleo como lengua docente, estando habilitados, pues, los poderes públicos educativos para organizar la enseñanza de dicha lengua cooficial estableciendo su uso en atención a los objetivos de normalización lingüística, por lo que resulta constitucionalmente legítima la exigencia de utilización con carácter general, sin exclusivismos, asimismo por parte del alumnado, dada la relación de sujeción especial con la que están vinculados los alumnos, tal como destacó la STS de 17/04/96.

A la referida STSJ de Galicia de 21/11/07 hay que añadirle otra de igual fecha que analiza un supuesto idéntico al que aquí se trae, esto es, la solicitud formulada por el padre de un menor en orden a que se le impartieran las clases en castellano, donde se mencionó la anterior sentencia de 17/04/96, confirmada por la STS de 04/10/02, donde se indicó que el artículo 3 de la CE no contenía un derecho fundamental, por lo que la pretendida tutela del derecho del uso del castellano no es materia que concierna a los derechos fundamentales y que el artículo 148.1.17 de ese mismo texto constitucional establece como competencia de las Comunidades Autónomas la de “fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma” competencia que se recoge en el artículo 5 del EAG y se desarrolla en el artículo 12.2 de la LNLG, que dispone que “la Xunta de Galicia reglamentará la normalización del uso de las lenguas oficiales en la enseñanza, de acuerdo con l as disposiciones de la presente ley” a lo que añade el artículo 14.1 que “la lengua gallega es materia de estudio obligatorio en todos los niveles de estudio no universitarios” y que “se garantizará el uso efectivo de este derecho en todos los centros públicos y privados” preceptos que no se cuestionaron en el recurso de inconstitucionalidad que dio lugar a la STC 84/1986.

Con arreglo a todos esos preceptos, la STSJ de Galicia de 21/11/07 indicó que la discriminación se produciría precisamente en el caso de que la Administración educativa autorizase lo que cada peticionario pretende de que su hijo pudiera cursar un determinado tipo de estudio con olvido o marginación de una de las dos lenguas concurrentes, y sobre esa cuestión señala la STC 195/1989 que ese derecho tampoco resulta de su conjunción con el artículo 14 de la CE, pues la prohibición de trato injustificadamente desigual que en él se establece, supone, sin duda, que no puede prevalecer en el disfrute del derecho a la educación discriminación alguna basada en la lengua, pero no implica ni puede implicar que la exigencia constitucional de igualdad de los españoles ante la ley sólo puede entenderse satisfecha, como el recurrente pretende, cuando los educandos reciban la enseñanza -en este caso, general básica- íntegramente en la lengua preferida por sus padres”  a lo que debe añadirse el dato de que el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre no autoriza el diseño del currículo educativo de los hijos a conveniencia de los padres, como tampoco lo hace el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que prohíbe discriminaciones basadas en la lengua, pues, como indica la STEDH de 23/07/68 (sobre diversos aspectos del régimen lingüístico en Bélgica)  no tiene “por efecto garantizar a los hijos o a sus padres el derecho a una instrucción impartida en la lengua de su elección” ya que si existiera el derecho a ser instruido en la lengua de su elección se llegaría al resultado absurdo de que todos podrían reivindicar una instrucción impartida en cualquier lengua en cualquiera de los territorios de las partes contratantes.

Por estas razones no existe ilegalidad alguna en los preceptos señalados, esto es, el 13 y el 15 del decreto 124/2007, ni tampoco en la resolución denegatoria de la exención al no encontrarse el menor estudiando cuarto curso de educación secundaria obligatoria ni bachillerato.

CUARTO.- Finalmente, acerca del argumento de que a otro alumno se le ha reconocido la exención debe indicarse que el principio de igualdad sólo opera dentro de la legalidad (SsTS de 24/11/83, 13/12/90 y 04/12/92) y no ante situaciones de ilegalidad, y la que aquí se analiza es conforme a derecho. Por otro lado, los términos de comparación deben ser idénticos para que no se ampare la discriminación por indiferenciación (SsTC 75/1983, 29/1987, 86/1985, 114/1987, 209/1988, 84/1992, 134/1996, 117/1998, 46/1999, 181/2000, 200/2001, 1/2001 y 119/2002) y en este caso no consta que el centro escolar de los alumnos que se comparan sea el mismo, como tampoco consta que aquél que ha obtenido la exención se encuentre en alguno de los supuestos en que la norma permite ese régimen especial.

Por último no le ha producido al hijo de los recurrentes ningún perjuicio el estudio en gallego si se atiende a la prueba practicada en juicio, que ha revelado que la calificación de ese alumno en la asignatura de gallego ha sido buena (en su mayor parte un 6) y el interés y esfuerzo bueno o muy bueno (sólo en un trimestre normal) y que en el resto de las asignaturas su calificación e interés es altamente positivo, de modo que debe desestimarse la totalidad del recurso y confirmarse la adecuación a derecho de la resolución autonómica impugnada.
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Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de doña Valle y don Maximino contra la resolución de 10/11/08 de la consellería de Educación e Ordenación Universitaria sobre denegación de la solicitud de exención de la materia de lengua gallega en enseñanza media y básica a favor de su hijo para el curso escolar 2007-2008 que confirmo por ser ajustada a derecho.

Esta sentencia no es firme por lo que contra ella cabe interponer recurso de apelación dentro de los quince días contados desde el siguiente al de su notificación, ante este juzgado para ante la Sala de lo Contecioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia

nosentendemos

Imprescindibles