...el bilingüismo en esas autonomías es un
objetivo deseable y encomiable (aún mejor sería que todos los españoles
conociésemos, además de nuestra lengua común, nociones suficientes del
resto de las oficiales) pero no constitucionalmente obligatorio. Ni
educativamente prioritario. El bilingüismo perfecto es un raro don: lo
normal es hacer la mayor parte de la vida en una lengua, aunque se
conozca suficientemente otra... o quizá otras. ...
En el bombardeo preventivo que está recibiendo
el Tribunal Constitucional (y de paso el resto de la ciudadanía
española) a costa de la demorada sentencia sobre el Estatut, se han
oído cosas realmente estupefacientes. Por ejemplo, sobre un posible
fallo restrictivo del modelo idiomático que se establece en dicha ley.
Veamos: cuando se hizo público hace un año el llamado "Manifiesto por
la lengua común", gran parte de las desaforadas críticas que recibió
llegaron desde Cataluña. Se estaba creando un problema donde no
existía, se ascendían algunos excesos puntuales a norma general, se
atacaba al débil y se defendía al fuerte, etcétera. Con cierto asombro
oímos a algunas personas que antes se quejaron -privadamente, eso sí-
de maltrato institucional a los castellanohablantes proclamar que en
Cataluña no había ninguna molestia a este respecto. Me recordaban un
poco a esos manifestantes iraníes que protestaron por el supuesto
fraude electoral para luego aparecer en la televisión del régimen
diciendo que les habían engañado desde el extranjero...
Pues bien, hace pocos días el secretario de política lingüística de la
Generalitat -Bernat Joan, de ERC- señaló los perjuicios que podría
acarrear un pronunciamiento adverso del TC sobre lo que el Estatut
dispone en este campo: "Una sentencia como la que se prevé podría crear
un alud de gente que exigiera en los tribunales educación en castellano
para sus hijos o que reclamara el derecho de poder funcionar en
castellano en cualquier ámbito de la administración". Por tanto,
concluyó, tal recorte sería "inaceptable e ilegítimo". De modo que sólo
una legislación prohibitiva impide que muchos catalanes reivindiquen su
derecho a usar el castellano en la educación o las relaciones
institucionales... que por otra parte la Constitución les reconoce.
Carecen de elección no por falta de ganas sino por falta de
reconocimiento legal de su libertad: ¿no hay un conflicto aquí? ¿Será
reaccionario el TC si dicta sentencia a favor de esa libertad
conculcada? Conceder derechos puede ser progresista, siempre que no se
trate del derecho a privar de sus derechos a otros...
Uno de los argumentos más empleados a favor de la inmersión lingüística
en cualquiera de los idiomas autonómicos es que sin ella no se
garantiza su dominio al mismo nivel que el castellano. Pues bien, sin
duda el bilingüismo en esas autonomías es un objetivo deseable y
encomiable (aún mejor sería que todos los españoles conociésemos,
además de nuestra lengua común, nociones suficientes del resto de las
oficiales) pero no constitucionalmente obligatorio. Ni educativamente
prioritario. El bilingüismo perfecto es un raro don: lo normal es hacer
la mayor parte de la vida en una lengua, aunque se conozca
suficientemente otra... o quizá otras. Es un avance cultural y social
que pueda vivirse normalmente también en euskera, gallego o catalán,
pero nunca al precio de convertir a la lengua común de nuestro país en
otra lengua extranjera, como el apetecido inglés. El pluralismo es sin
duda un valor, pero la unidad política, laboral y cultural que
garantiza una lengua común no lo es menos... ni tiene por qué oponerse
a la diversidad optativa. Salvo que se condene lo que facilita la
unidad a ser residuo soportado pero no bienvenido, una manía a
erradicar en vez de instrumento indispensable de conjunción. En tal
caso, no sólo el TC sino el resto de los ciudadanos supongo que
tendremos algo que decir.
Fernando Savater, EL PAÍS, 8/9/2009