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PRINCIPIOS

1. El uso normal de las dos lenguas oficiales en las aulas no sólo no requiere reglamentación alguna con la consiguiente secuela de limitaciones más o menos arbitrarias, policía administrativa y, eventualmente, sanciones, como no pueden dejar de insinuar las bases al hablar de Inspección y responsabilidades, siguiendo los precedentes, entre ellos el aún vigente decreto 124/07.

Muy al contrario, el uso normal de las dos lenguas oficiales, en las aulas como en cualquier otro ámbito de la vida pública, sólo puede ser el uso libre.

 

En consecuencia, el mejor decreto lingüístico sería el que se limitase a la pura y simple derogación de las reglamentaciones lingüísticas, pues la libertad y la igualdad están suficientemente garantizadas en la Ley, y no son materia apta para rebaje reglamentario.

 

Si, no obstante, se considerase imprescindible un reglamento de lenguas en las aulas, su papel no podría ser otro que el desarrollo de la ley para la efectividad de los derechos y obligaciones que la ley impone, pero en ningún caso para erosionar tales derechos, ampliar dichas obligaciones o crear otras nuevas.

 

2. El ámbito de ese prescindible decreto o reglamento de lenguas en las aulas no puede conculcar los derechos fundamentales de libertad de enseñanza (art. 27 C.E.) y de iniciativa privada (art. 38 C.E.), sin perjuicio de los títulos de intervención públicos en la enseñanza como servicio de interés general, es decir, la fijación de los currículos en la “enseñanza reglada”. Que la enseñanza sea reglada no significa que pueda abolir las consecuencias de la cooficialidad, es decir, el uso libre y en igualdad de las dos lenguas oficiales.

En consecuencia creemos que en el nuevo decreto, en cuanto rebase de la derogación pura y simple del anterior, la administración debería distinguir entre los centros de su titularidad y los de iniciativa social o privada, pues, con independencia de la procedencia de los fondos con que se mantengan, éstos constituyen el ámbito de la libertad de enseñanza, que debe incluir, lógicamente, en una sociedad bilingüe regida por el principio de cooficialidad, la libertad de ofertar la enseñanza en cualquiera de las dos lenguas cooficiales, en ambas o en lengua extranjera, sin perjuicio de los objetivos curriculares señalados por la Ley, entre ellos, pero no por encima de ellos ni condicionándolo todo, el de competencia bilingüe, perteneciendo al ámbito de la autonomía de dichos centros los procedimientos para lograrlo. La competencia trilingüe no es una exigencia legal, aunque sea deseable, y no es prudente convertir en obligación lo que esos centros, generalmente, ya intentan de grado.

 

 

MODIFICACIONES CONCRETAS QUE SE PROPONEN A LAS BASES DEL DECRETO

 

  1. Reducir su ámbito de aplicación a los centros de titularidad pública

En su defecto, regular los centros de titularidad pública y los demás en rúbricas distintas.

 

  1. Reconocer la libertad de organización lingüística de los centros privados, concertados o no, para que impartan enseñanza, en la lengua, oficial o no en Galicia, que crean conveniente, sin perjuicio de los currículos -sendas asignaturas de lenguas oficiales- y sus objetivos.

 

En los centros públicos:

 

  1. Completar la libertad de lengua de los alumnos ya prevista en las Bases con el derecho al uso de textos en cualquiera de las dos lenguas oficiales

 

  1. restablecer la integridad del derecho a la enseñanza en la lengua materna (o de elección) durante la primera enseñanza, evitando el subterfugio reglamentario, ilegal, de la lengua materna mayoritaria o predominante y respetando el ámbito legal del derecho, que es la primera enseñanza, es decir, infantil y primer ciclo de primaria es decir, las etapas de consolidación de la lectoescritura.

 

  1. voluntariedad de la oferta en inglés para los alumnos

 

  1. despolitización de la enseñanza: depuración de las enseñanzas de lengua gallega de la contaminación ideológica identitaria actualmente suministrada so pretexto de sociolingüismo y memoria histórica. Es decir: respeto de la libertad ideológica constitucionalmente garantizada (Art. 16 C.E.) lo que implica libertad de ideario de los centros de iniciativa social y privada y neutralidad ideológica de los públicos.

 

  1. respeto para alumnos y profesores:

    1. Los primeros son sujetos de la educación, cuyo objeto es el pleno desarrollo de su personalidad (art. 27 C.E.), no son un botín a repartir o fraccionar entre lenguas y “culturas”

    2. los segundos están al servicio del objetivo constitucional de la educación, que no es la construcción de naciones o identidades grupales. La libertad de lengua docente, además de mejorar la calidad de la docencia eliminaría el problema de la insumisión a las prohibiciones.

 

  1. Supresión de la policía lingüística, de la coacción lingüística, de la planificación lingüística coactiva, de los equipos de normalización, como quiera que se les llame; desburocratización, normalización de las competencias en lenguas, que deben tener el mismo tratamiento que las demás competencias curriculares, y no el tratamiento obsesivo de que son objeto.

 

  1. recuperación de los supuestos tradicionales de exención de la asignatura de lengua gallega desde el segundo ciclo de primaria -incluidos, por ejemplo, los sordomudos, privados de ella por el bipartito sin ningún motivo-; sin discriminación por razón de edad.

 

  1. Reducción de la discriminación ante las PAU -acceso a la universidad- respecto de los estudiantes españoles y europeos no sujetos a regímenes de normalización lingüística.