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Ayer entró en vigor el decreto 79/2007 “de plurilingüismo en la enseñanza”, que deroga el 124/2007 “de uso y promoción del gallego en la enseñanza”. Siempre en la enseñanza, tan útil para fines varios.

Nuestra asociación, que se constituyó para luchar contra la linguocracia y sus efectos -la discriminación por razón de lengua, los ataques de los poderes públicos a la libertad y dignidad de las personas, sobre todo de los niños, por razón de lengua, y su rosario de secuelas- lo analiza en este artículo, valorando sus aciertos y sus errores desde el criterio de la libertad, que es el primero de los valores constitucionales, tantas veces olvidado por nuestros políticos.

Nuestra asociación cree que el estado, más allá de la declaración de oficialidad o cooficialidad, carece por completo de legitimidad para interferir en la lengua o en sus usos sociales o individuales. Ningún decreto lingüístico satisfará las exigencias de la libertad, salvo el que los derogue todos.

El nuevo decreto devuelve a los niños la libertad de expresarse en castellano en el colegio, sin privarles de la que ya tenían, de hacerlo en gallego. Pero sigue reteniendo un aspecto de la libertad de cátedra tan importante como elegir la lengua o emplear ambas en la combinación adecuada a la composición del aula y a las necesidades de los alumnos, de acuerdo con la estimación del profesional de la enseñanza.

El nuevo decreto acaba con el régimen bipartito de erradicación del español en la enseñanza, asegurando a ambas lenguas, en la medida de lo posible, un espacio semejante, un equilibrio. Por eso hablamos de equilingüismo. Pero no deja de ser la imposición de un modelo, un uniforme, incompatible con la libertad constitucional de enseñanza (art. 27) rectamente entendida:

  • Sigue siendo imposible algo que era frecuente hace apenas treinta años: arriesgar recursos, esfuerzo y dinero en una empresa educativa con enseñanza predominantemente en español, sin perjuicio del currículo oficial obligatorio.

  • Del mismo modo, desde ayer han quedado fuera de la ley centros como Andaina en La Coruña, con enseñanza predominante o exclusivamente en gallego, sin perjuicio del currículo oficial obligatorio.

En ambos casos se cercena la libertad constitucional de enseñanza, y se priva a muchos o pocos ciudadanos de una oferta legítima declarada fuera de la ley sin ningún motivo.

 

No dejamos de reconocer el esfuerzo hecho por el equipo del consejero Sr. Vázque Abad, que ha trabajado bajo la enorme presión del totalitarismo ambiental crecido durante todos estos años al abrigo del presupuesto, y constituido por “galleguistas” de profesión -que frecuentemente no sirven para ejercer ninguna otra-. Ocupan plaza en esos organismos segregados durante los años de opulencia burocrática, y resistentes a la crisis o a las tensiones del déficit de la Hacienda pública, y desde esa seguridad e irresponsabilidad se permiten burlarse de los ciudadanos a los que consideran apenas rebaño lingüístico para marcar con “la propia”.

 

Pero a pesar del esfuerzo y sus dificultades, creemos también que ha sido una oportunidad perdida para restaurar la libertad de enseñanza, en esa doble vertiente:

  • libertad de los centros privados y concertados para impartir docencia en la lengua o lenguas que consideren oportuno en función de sus recursos y de las preferencias de su demanda

  • libertad de lengua docente en los centros públicos, como parte constitutiva de la libertad de cátedra al servicio de la excelencia educativa.

    Ayer entró en vigor el decreto 79/2007 “de plurilingüismo en la enseñanza”, que deroga el 124/2007 “de uso y promoción del gallego en la enseñanza”. Siempre en la enseñanza, tan útil para fines varios.

    Nuestra asociación, que se constituyó para luchar contra la linguocracia y sus efectos -la discriminación por razón de lengua, los ataques de los poderes públicos a la libertad y dignidad de las personas, sobre todo de los niños, por razón de lengua, y su rosario de secuelas- lo analiza en este artículo, valorando sus aciertos y sus errores desde el criterio de la libertad, que es el primero de los valores constitucionales, tantas veces olvidado por nuestros políticos.

    Nuestra asociación cree que el estado, más allá de la declaración de oficialidad o cooficialidad, carece por completo de legitimidad para interferir en la lengua o en sus usos sociales o individuales. Ningún decreto lingüístico satisfará las exigencias de la libertad, salvo el que los derogue todos.

    El nuevo decreto devuelve a los niños la libertad de expresarse en castellano en el colegio, sin privarles de la que ya tenían, de hacerlo en gallego. Pero sigue reteniendo un aspecto de la libertad de cátedra tan importante como elegir la lengua o emplear ambas en la combinación adecuada a la composición del aula y a las necesidades de los alumnos, de acuerdo con la estimación del profesional de la enseñanza.

    El nuevo decreto acaba con el régimen bipartito de erradicación del español en la enseñanza, asegurando a ambas lenguas, en la medida de lo posible, un espacio semejante, un equilibrio. Por eso hablamos de equilingüismo. Pero no deja de ser la imposición de un modelo, un uniforme, incompatible con la libertad constitucional de enseñanza (art. 27) rectamente entendida:

    • Sigue siendo imposible algo que era frecuente hace apenas treinta años: arriesgar recursos, esfuerzo y dinero en una empresa educativa con enseñanza predominantemente en español, sin perjuicio del currículo oficial obligatorio.

    • Del mismo modo, desde ayer han quedado fuera de la ley centros como Andaina en La Coruña, con enseñanza predominante o exclusivamente en gallego, sin perjuicio del currículo oficial obligatorio.

    En ambos casos se cercena la libertad constitucional de enseñanza, y se priva a muchos o pocos ciudadanos de una oferta legítima declarada fuera de la ley sin ningún motivo.

     

    No dejamos de reconocer el esfuerzo hecho por el equipo del consejero Sr. Vázque Abad, que ha trabajado bajo la enorme presión del totalitarismo ambiental crecido durante todos estos años al abrigo del presupuesto, y constituido por “galleguistas” de profesión -que frecuentemente no sirven para ejercer ninguna otra-. Ocupan plaza en esos organismos segregados durante los años de opulencia burocrática, y resistentes a la crisis o a las tensiones del déficit de la Hacienda pública, y desde esa seguridad e irresponsabilidad se permiten burlarse de los ciudadanos a los que consideran apenas rebaño lingüístico para marcar con “la propia”.

     

    Pero a pesar del esfuerzo y sus dificultades, creemos también que ha sido una oportunidad perdida para restaurar la libertad de enseñanza, en esa doble vertiente:

    • libertad de los centros privados y concertados para impartir docencia en la lengua o lenguas que consideren oportuno en función de sus recursos y de las preferencias de su demanda

    • libertad de lengua docente en los centros públicos, como parte constitutiva de la libertad de cátedra al servicio de la excelencia educativa.

Grupo escolar, 1970Ayer entró en vigor el decreto 79/2010 “de plurilingüismo en la enseñanza”, que deroga el 124/2007 “de uso y promoción del gallego en la enseñanza”. Siempre en la enseñanza, tan útil para fines varios.

Nuestra asociación, que se constituyó para luchar contra la linguocracia y sus efectos -la discriminación por razón de lengua, los ataques de los poderes públicos a la libertad y dignidad de las personas, sobre todo de los niños, por razón de lengua, y su rosario de secuelas- lo analiza en este artículo, valorando sus aciertos y sus errores desde el criterio de la libertad, que es el primero de los valores constitucionales, tantas veces postergado por nuestros políticos.

Nuestra asociación cree que el estado, más allá de la declaración de oficialidad o cooficialidad, carece por completo de legitimidad para interferir en la lengua o en sus usos sociales o individuales. Ningún decreto lingüístico satisfará las exigencias de la libertad, salvo el que los derogue todos. Lo que no significa que todos sean iguales.

El nuevo decreto devuelve a los niños la libertad de expresarse en castellano en el colegio, sin privarles de la que ya tenían de expresarse en gallego. Pero sigue reteniendo un aspecto de la libertad de cátedra tan importante como elegir la lengua docente o emplear ambas en la combinación adecuada a la composición del aula y a las necesidades de los alumnos, de acuerdo con la estimación del profesional de la enseñanza.

El nuevo decreto acaba con el régimen bipartito de erradicación del español en la enseñanza, asegurando a ambas lenguas, en la medida de lo posible, un espacio semejante, un equilibrio. Por eso hablamos de equilingüismo. Pero no deja de ser la imposición de un modelo, un uniforme, incompatible con la libertad constitucional de enseñanza (art. 27) rectamente entendida:

  • Sigue siendo imposible algo que era frecuente hace apenas treinta años: arriesgar recursos, esfuerzo y dinero en una empresa educativa con enseñanza predominantemente en español, sin perjuicio del currículo oficial obligatorio.

  • Del mismo modo, desde ayer han quedado fuera de la ley centros privados como Andaina en La Coruña, con enseñanza predominante o exclusivamente en gallego, sin perjuicio del currículo oficial obligatorio.

En ambos casos se cercena la libertad constitucional de enseñanza, y se priva a muchos o pocos ciudadanos de una oferta legítima declarada fuera de la ley sin ningún motivo.

No dejamos de reconocer el esfuerzo hecho por el equipo del consejero Sr. Vázque Abad, que ha trabajado bajo la enorme presión del totalitarismo ambiental crecido durante todos estos años al abrigo del presupuesto, y constituido por “galleguistas” de profesión -frecuentemente incapaces de ejercer alguna útil-. Ocupan plaza en esos organismos aflorados durante los años de opulencia burocrática, y resistentes a la crisis o a las tensiones del déficit de la Hacienda pública, y desde esa seguridad e irresponsabilidad se permiten burlarse de los ciudadanos a los que consideran apenas rebaño lingüístico para marcar con “la propia”.

Pero a pesar del esfuerzo y sus dificultades, creemos también que ha sido una oportunidad perdida para restaurar la libertad de enseñanza, en esa doble vertiente:

  • libertad de los centros privados y concertados para impartir docencia en la lengua o lenguas que consideren oportuno en función de sus recursos y de las preferencias de su demanda

  • libertad de lengua docente en los centros públicos, como parte constitutiva de la libertad de cátedra al servicio de la excelencia educativa.