La insurrección está anunciada. Nos han prometido el incumplimiento del decreto y la insumisión. Los profesores nacionalistas (aunque me temo que decir profesor y nacionalista es casi redundancia y pleonasmo) anuncian orgullosos que no darán su clase en castellano, por más que lo indique el nuevo decreto del gobierno Feijóo. Incumplirán el decreto y seguirán con sus clases en gallego. Ya lo decía el catedrático Ruiz Miguel aquí hace unos días.
Los argumentos del nacionalismo son maleables y se modifican a voluntad. De ahí la paradoja de la situación actual. Durante años, a raíz del decreto del gobierno anterior, el nacionalismo cultural ha argumentado hasta la náusea la legitimidad del gobierno de regular las lenguas en las aulas. Se han mofado de quienes lo discutían. La Consellería tiene ese derecho, el funcionario ha de obedecer, ¡sólo faltaría¡ ¿En qué mundo viviríamos —insistían— si permitiéramos la libertad de enseñar lo que se quiera, cuando se quiera, como se quiera?
Cambia el gobierno. Cambia la ley. La ley no les gusta. Al punto abandonan el respeto a la legalidad, al punto ignoran la legitimidad de la que goza el gobierno autonómico para regular lenguas y aulas, al punto olvidan los argumentos que con tanto ahínco defendían ayer. Ahora toca defender la libertad del profesor, ahora toca defender la lengua y las esencias patrias. Y lo que antes era regulación, deviene hoy en Prohibición. Nos prohíben dar clases en gallego, gritan hoy los mismos que hace días ridiculizaban a quien pronunciaba esa palabra.
Ya lo he dicho en muchas ocasiones: para nuestra casta educativa, la educación es importante, pero más importante es la Nación Galega. Y ahora sabemos que el respeto a la legalidad es importante, pero más importante es la Nación Galega. Los equidistantes entre nosotros, aquellos que califican de radicales a quienes protestan la normalización, deberían recordar que las asociaciones implicadas en esa lucha siempre defendieron dos cosas: que había que cambiar la ley, y que había que cumplir la ley. Ahora vemos cómo importantes partidos y sindicatos defienden su incumplimiento.
¿Quién es el radical aquí? Personalmente, siento gran simpatía por la desobediencia civil, pero la reservo para aquellos que saben que el precio de incumplir la ley es perder su empleo, su libertad, incluso su vida. Nuestros profesores se dan cuenta de que no tienen nada que temer. Pocos defenderán las sanciones. Yo mismo las protestaré. Y el gobierno no se va a atrever a una enquistada querella de sanciones y huelgas. A resultas de esto, el peligro de anomia amenaza ahora a nuestro sector educativo. ¿Cómo podrán los profesores hacer cumplir las normas si ellos mismos han decidido saltárselas porque ya no son de su gusto?


Lo que la mll había dicho sobre este tema: extractos y enlaces:

[Son algunas de las opiniones de la MLL expuestas en diversos artículos y documentos sobre la cuestión, no de una prolongación del artículo de Andrés Freire]

Resumen de alegaciones de la MLL a las bases del decreto de "plurilingüismo"

  1. respeto para alumnos y profesores:

    1. Los primeros son sujetos de la educación, cuyo objeto es el pleno desarrollo de su personalidad (art. 27 C.E.), no son un botín a repartir o fraccionar entre lenguas y “culturas”

    2. los segundos están al servicio del objetivo constitucional de la educación, que no es la construcción de naciones o identidades grupales. La libertad de lengua docente, además de mejorar la calidad de la docencia eliminaría el problema de la insumisión a las prohibiciones.

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Equilingüismo: una valoración apresurada del nuevo decreto de normalización lingüística de la escuela:

El no reconocimiento de libertad de lengua docente traerá como consecuencia, simplemente, la insumisión de un número significativo de docentes, pero también la menor eficacia docente de otros. Y no tiene ninguna ventaja.

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Lo peor del decreto:

Los docentes al servicio del equilibrio entre lenguas

El proyecto del gobierno del Partido popular de Galicia, si bien libera a los alumnos de aquella carga coactiva, la mantiene sobre los docentes, que siguen privados del derecho de impartir clase en la lengua oficial que crean conveniente desde un punto de vista puramente profesional es decir, pedagógico, a la vista de las necesidades de sus alumnos.

Mejor habría sido exigir a los docentes corresponsabilidad en el objetivo de alcanzar competencia suficiente en las dos lenguas, y permitirles emplear ambas en la proporción que considerasen adecuada, que imponerles una, con la prohibición refleja de la otra.

Esa regla de imposición-prohibición, en Galicia, donde ambas lenguas son fáciles de entender, se presta a un cierto nivel de incumplimiento. Los convencidos en “normalizarnos” van a impartir la clase en la lengua que les dé la gana, es decir, en gallego. Pero, ¿es ello tan grave?

No, no lo es en absoluto. Nosotros defendemos que debería permitírseles. Debería perseguírseles cuando faltasen al respeto a nuestros hijos, impidiéndoles ejercer su derecho a expresarse en su lengua. En ningún caso por el hecho de expresarse ellos en la suya.

Hay, pues, dos niveles de insumisión:

  • Impartir la clase en gallego aunque por asignación les toque hacerlo en castellano. Esta insumisión nos parece perfectamente justa, porque creemos que no es justo que un decreto les imponga una lengua de uso con prohibición de la otra. No queremos para ellos lo que no queríamos para nuestros hijos.

  • Presionar a nuestros hijos mediante trato discriminatorio si no muestran la docilidad lingüística que ellos consideran debida. Esto es lo intolerable, y para lo que el reglamento disciplinario y el código penal deberían funcionar ejemplarmente.

No nos resistimos a traer el testimonio de un profesor, expuesto en nuestro foro bajo pseudónimo (Perplejo) cuando aún éramos la iniciativa ciudadana Tan gallego como el gallego:

“para mí, el uso del gallego no es la mejor de las herramientas de las que debería disponer para hacer aquello para lo que se me contrató: dar razón de algo. Yo seguiré cumpliendo con la normativa, pero creo que mis alumnos han perdido un buen profesor para cambiarlo por un profesor mediocre. Hablando como padre y no como docente, me preocupa que mis hijos tengan profesores que, como yo, no puedan hacer uso de sus mejores capacidades por mor de una legislación que se dice defensora de grandes fines didácticos. Y una mierda (con perdón).”

Por supuesto, a muchos les pasa lo mismo con el castellano.

Es particularmente penoso que no se aplique el régimen de libertad lingüística que nuestra asociación propugna en Bachillerato y FP, etapas en las que ahora Galicia Bilingüe también pide lo mismo que nosotros: libertad de lengua docente y discente. No es ninguna excentricidad: además de corresponderse con la realidad de las aulas en el período de relativa libertad entre el reconocimiento de la cooficialidad y el inicio de la progresiva expulsión del castellano, es la misma regla establecida en la LNL -Ley de normalización lingüísitica- para la enseñanza universitaria, y no es la causa de sus problemas.