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Mas de procesión en Tortosa Nuestros amigos de Convivencia Cívica Catalana nos informan de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por auto notificado el pasado viernes, considera insuficiente lo hecho hasta ahora –absolutamente nada- por la Consejera de Educación de la Generalidad para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010 de que «el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad autónoma de Cataluña, y en consecuencia y para ello la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán»

La Generalidad ha seguido burlándose del Tribunal Supremo desde diciembre de 2010, y ahora el TSJC le confiere nuevo plazo de dos meses para que siga haciéndolo, como lo seguirá haciendo una vez transcurra dicho plazo.

La pena por el delito de desobediencia, consistente en la negativa abierta de dar debido cumplimiento a una resolución judicial es multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Vaticinamos que, a pesar del enorme esfuerzo que vienen desarrollando nuestros amigos de CCC durante tantos años, y que ahora se han visto reconocidos por estas resoluciones judiciales, la mafia nacionalista no las cumplirá. El más importante efecto de esos esfuerzos es el de la necesaria clarificación de la situación: en Cataluña gobiernan unos delincuentes.

La consejera de justicia de la Generalidad, abogada del estado reclutada, a precio de oro por Mas para su labor de socavamiento del estado, seguirá la antigua estrategia de acatar pero no cumplir la sentencia, como el criollaje americano acataba pero no cumplía las Leyes de indias. Así, los ciudadanos que quieran, siquiera una parte de la educación de sus hijos en español en Cataluña no la tendrán, por más que la ley y los tribunales les den la razón, como no tenían la protección del estado los indios, por más humanas y benignas que fuesen las leyes de Indias.

Ningún jerarca independentista o compañero de viaje incurrirá, por supuesto, en la negativa abierta tipificada en el Código penal. El papel de ladrar queda para Oriol Pujol y otros irresponsables. Pero los responsables –en el único sentido de la investidura del cargo y de la competencia para cumplir la sentencia- limitarán sus efectos, contra su tenor literal, al caso individual, por lo que de ninguna manera «adoptarán medida alguna –ni siquiera para simular una apariencia- para adaptar el sistema catalán de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán»

Y lo harán con la ayuda de algún que otro sinvergüenza, como el aún ministro Caamaño, que hace apenas un año se manifestaba por Compostela contra el "bilingüismo" más o menos armónico instaurado por Feijoo para poner fin, mejo o peor, a la inmersión social-nacionalista gallega copiada de la catalana.

¿“Nueva situación”? ¿Qué nueva situación?

Para el TSJC, que siempre ignoró el ordenamiento vigente, al menos en esta materia, que el español sea lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán es una situación nueva.

Desde los primeros años ochenta en que, con el éxodo forzado de miles de docentes y un esfuerzo coactivo y financiero dignos de mejor causa, el nacionalismo catalán implantó el actual sistema de inmersión forzosa, lo nuevo e inaudito  sería que el español vaya a ser lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña en la realidad.

Pero que lo sea en el papel de las leyes no es nuevo: es así desde la Constitución. Algo que no está dispuesto a reconocer el TSJC, cómplice hasta ahora de esa inmersión forzosa, por lo que habla de “nueva situación”.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto catalán, en efecto, crea, o, mejor dicho, bendice una situación nueva, que es el cambio constitucional realizado fraudulentamente por dicho estatuto. Pero en el ordenamiento de la lengua no hay novedad alguna, como no sea que dicho Tribunal, y de él para abajo, acaba de enterarse de dicho ordenamiento y de la realidad de su sistemático incumplimiento por parte de la Generalidad de Cataluña.