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Manuel Jardón calificó en el título de su libro La normalización lingüística, una anormalidad democrática. Es también una infamia colectiva, una cobardía social casi generalizada, pero, como en todo proceso totalitario, ha habido en su torva historia algunos episodios, algunos gestos de dignidad solitaria. Hoy recordamos el voto particular del magistrado Carlos López Keller a una sentencia del Tribunal que presidía.

 A finales de 2004 el Tribunal Superior de Justicia de Galicia resolvió el contencioso 02/4886/2001 interpuesto por cuatro ciudadanas contra el decreto de la Junta de Galicia 146/2001 de 7 de junio sobre planificación, apertura, tras.lado, cierre y transmición de oficinas de farmacia*.

Junto a Carlos López Keller constituían la sala los magistrados José Antonio Méndez Barrera y José María Arrojo Martínez, que desestimaron una de las pretensiones deducidas por las cuatro señoras demandantes en los siguientes términos:

NOVENO: La valoración como mérito del conocimiento del idioma gallego tiene su fundamento último en el artículo 3.3 de la Constitución que reclama para él un especial respeto y protección, y en el artículo 5.3 del Estatuto de Autonomía, y viene siendo objeto de aplicación en todos los órdenes por la Administración autonómica y donde procede por la propia estatal como es el caso de la Administración de Justicia; el baremo otorga a este conocimiento una puntuación máxima de 10 puntos, y a este respecto, más que hacer comparaciones con las puntuaciones asignadas a otros criterios, es procedente fijarse en que esa puntuación máxima representa el 11,27 % del total de las comprendidas en el baremo, lo que de ninguna manera puede considerarse irracional o desproporcionado, pues ha de tenerse en cuenta que el titular ha de relacionarse con la Administración de la Comunidad, de la que depende como consecuencia de las competencias transferidas de las que la propia LOFG [ley de ordenación farmacéutica de Galicia*] es buena muestra, así como con las personas que acudan a la farmacia y no sólo para la obtención de especialidades sino también en busca de la consulta o consejo que el farmacéutico pueda dar.

[*La “necesidad” de regular el hecho diferencial farmacéutico gallego]

El ‘fundamento’ no tiene desperdicio. Frente a esa acumulación de tontos tópicos, el presidente de la sala, López Keller, haciendo las comparaciones procedentes, es decir,  con las puntuaciones asignadas a otros criterios, formuló el siguiente voto particular, que merece ser recordado:

1º.- Entre los criterios de valoración que figuran en el baremo anexo al decreto cuestionado figura el conocimiento del idioma gallego con una puntuación máxima de 10 puntos, otorgándose 4 al certificado de aptitud de iniciación, y 6 al de perfeccionamiento; cabe razonadamente suponer que la posesión de los dos supondrá la adición de ambas puntuaciones, pues la carencia de otros posibles méritos a valorar hace imposible alcanzar por otros caminos aquel techo; pues bien, comparándolos con otros criterios del mismo baremo entiendo que existe una notoria desproporción por exceso, que redunda en depreciación de éstos, y así, por vía de ejemplo es de ver que el curso de iniciación es equivalente a un expediente académico con nota media global de matrícula de honor, a dos doctorados o a la superación de los cursos del FIR, y que el máximo obtenible se aproxima al total adjudicado por méritos académicos, y es igual al asignable por publicaciones y trabajos científicos; es verdad que por razón de experiencia profesional se fija un máximo de 30 puntos, pero a poco que se profundice en sus apartados se constata la imposibilidad real de alcanzarlos en el transcurso de una vida profesional ordinaria.
2º.- Además de eso se carece de la más mínima motivación de esa valoración en el decreto, al paso que la contestación a la demanda desvía el tema hacia la simple exigencia del conocimiento del idioma (cuestión no discutida) y sólo dedica al tema de la proporcionalidad tres líneas y el único argumento de que los titulares de las oficinas han de entenderse directamente con los ciudadanos. Entiendo que esto se puede cumplir perfectamente con unas puntuaciones más acordes a las cualidades profesionales que se deben requerir en los farmacéuticos.

Es por ello que, en mi opinión, en el fallo de la sentencia debieron incluirse entre los preceptos anulados, las puntuaciones contenidas en el apartado 6 del baremo anexo al decreto 146/2001 de la Junta de Galicia.

Esa sentencia, y no el voto particular, expresa bien la manera en que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Galicia han tratado la política de normalización en la mayor parte de las ocasiones en que los ciudadanos la han impugnado, y puede resumirse en el desprecio por la lógica -es decir, por el derecho objetivo- y la colaboración con el ejecutivo regional en la demarcación de una zona -territorial y material- de excepción del estado de derecho en todo lo concerniente a la llamada normalización lingüística.

Una somera investigación por internet para comprobar que la digna actitud del magistrado López Keller en este caso y, cabe suponer que en otros semejantes, no le hizo acreedor a alguna de las canonjías autonómicas con las que el poder regional condiciona la independencia de los jueces -consellos consultivos, valedores de pobos y otras ocurrencias varias- nos ha deparado un resultado sorprendente: fue el Sr. López un juez progre, aquejado de marxismo rococó y capaz, ya jubilado, de justificar a un prevaricador notorio.

Pero utile per inutile non vitiatur y, en lo tocante a su actitud respecto de la peste de la normalización lingüística, merece nuestro reconocimiento y homenaje. Fue una honrosa excepción.